• Recientemente alrededor del mundo se han dado a conocer diversos casos de exceso en el uso de la fuerza por parte de cuerpos policiacos, lo cual, ha ocasionado un justificado descontento social e indignación en la ciudadanía.

Lamentablemente, esta situación no es ajena en México, recientemente fuimos testigos del caso de Melanie, una joven que fue agredida por elementos policiacos durante una manifestación en la Ciudad de México; o bien, la historia de Alexander, el joven de 16 años que perdió la vida a manos de policías derivado de una aparente confusión.

Sin duda, el uso excesivo de la fuerza no se justifica en ningún caso, sin embargo, es necesario que de manera preventiva se elaboren protocolos de actuación y defensa pacífica y se impartan capacitaciones a fin de sensibilizar al personal respecto de la gran responsabilidad que tienen, y que su labor primordial es garantizar la seguridad y en algunos casos, la vida de las personas.

Tendemos a caer en discursos polarizados y muchas veces no se analiza el fondo del asunto y la raíz del problema, que desde mi perspectiva es compleja, pero definitivamente tiene que ver con que los altos mandos han abandonado a nuestros policías.

Vemos que sus condiciones de trabajo son precarias, en donde tienen que comprar sus propios materiales, perciben sueldos lamentables y por si fuera poco son satanizados y minimizados por la ciudadanía.

La realidad es que los únicos que han fallado aquí son los tomadores de decisiones, los funcionarios públicos que se sientan tras su escritorio y les dan la orden de permanecer inertes ante cualquier agresión, falta de respeto e incluso conductas contrarias a la ley, ya sea en perjuicio de su persona, o bien, en contra de alguien más.

Es decir ¿Cómo podemos esperar que las instituciones policiales realicen su labor primaria de velar por la seguridad se la ciudadanía, si no les damos los elementos para ello?

Tenemos que apostarle a fortalecer a la policía como institución estatal y velar por el cumplimiento irrestricto de la norma por parte de todas las personas.

Nada justifica la brutalidad en el actuar policial y quien opere de esa forma debe enfrentar las consecuencias legales; sin embargo, es necesario que dejemos de analizar este tema a la luz de discursos maniqueos: policías vs ciudadanos.

Más bien, es tiempo de que empecemos a visibilizar que tanto ellos como nosotros estamos a merced de la falta de capacidad en la toma de decisiones y la carencia de una política estatal enfocada en la seguridad de las personas. ¿Quién paga las consecuencias? Lamentablemente todas y todos nosotros.