El GPPAN acusó al DIF y a la Fiscalía local, de violar la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por la divulgación y tratamiento ilegal de información confidencial sobre el caso de la pequeña Fátima y de la joven Ingrid, trasgrediendo sus derechos humanos, incluidos, el de sus familiares.

Entre los argumentos expuestos por el diputado Jorge Triana Tena, dijo que esta práctica puede ser objeto de discriminación.

“En este momento delicado que estamos viviendo, amerita que actuemos y ejerzamos nuestra facultad de fiscalización para revisar a precisión que la autoridad esté llevando a cabo su trabajo de manera adecuada”.

Lamentó que la mayoría de MORENA mantenga su esfuerzo por proteger a la autoridad y no acompañe esta propuesta, donde se exhorta a los órganos autónomos a pronunciarse y no conformarse a un simple comunicado.

“Reflexionar que necesitamos más que un decálogo hueco. No se culpa a ninguna administración, pero sí de haber cometido anomalías en el proceso que son materia de juicio político”.

El legislador solicitó a la Comisión de Derechos Humanos CDMX y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas CDMX, fijar postura sobre la actitud del Gobierno en el tratamiento de estos feminicidios.

Las filtraciones de fotos, como fue en el caso de Ingrid Escamilla Vargas, además de ser un acto indignante, evidencia un mal manejo y protección de los datos personales de la víctima.

Triana señaló que la filtración de una fotografía del cadáver de Ingrid implica afectación a los derechos de la víctima y de sus familiares, por lo cual, haber difundido con fines pecuniarios o no la imagen, trae como consecuencia la transgresión de derechos.

Sobre el caso de Fátima, Triana mencionó que tampoco debe existir afectación ni una mayor victimización contra los familiares, esto, derivado del comunicado del DIF local señalando inconsistencias familiares dentro del núcleo de la niña. 

El papel de la autoridad debe ser velar por los derechos de la niñez. De este modo, es necesario que estos órganos autónomos se pronuncien de manera urgente para establecer criterios de investigación con perspectiva de derechos humanos y sobre la vulneración de derechos de los datos personales de la víctima.