• La falta de claridad en la convocatoria, da pauta a la posibilidad de que se generen conflictos de interés.
• El gobierno de Sheinbaum excluye al Congreso de participar en los procesos de licitación y en materia jurídica-técnica.  

 
Diputados del GPPAN exigieron al Gobierno local, ser incluidos en el seguimiento de procedimientos jurídico-técnicos del proyecto para la nueva planta de residuos sólidos CDMX, con el fin de observar y denunciar posibles inconsistencias como ha pasado con la mal hecha Convocatoria pasada.
 
Tras insistir que el documento lanzado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, está mal planteado y sin fundamentación que dé certeza de su implementación ante la opinión pública, los legisladores panistas pidieron replantear el proceso de concurso con las posibles empresas participantes.  
 
Este miércoles y a solicitud del diputado Federico Döring , Andrée Lilian Guigue, titular de la Dirección General de Evaluación de Impacto de SEDEMA, acudió al Congreso para desahogar dudas ante diputados de las comisiones de Preservación del Medio Ambiente y Administración Pública local.  
 
Döring habló de acreditar las normas internacionales sobre parámetros atmosféricos y optimizar los recursos del Estado para contaminar menos, bajo estándares de ahorro para la Ciudad.
 
“Debemos tener precisión sobre cuál será la figura jurídica para perfeccionar este proceso y garantice el particular la contraprestación en función del plan de negocios que hubiere convenido”
 
La diputada Gabriela Salido Magos cuestionó el cuerpo jurídico de la convocatoria y los procesos que sustentan el posible proyecto de termovalorizadora, ya que al ser un proyecto tan importante para la Ciudad en materia ambiental, se debería de dar certeza en su implementación.
 
“Al trasladarlo sin reglas, el resultado es que censuran la participación, incluso del Congreso de la Ciudad, así como de la Secretaría de Salud, Procuraduría Ambiental en la integración del propio Consejo o Comité”.
 
Los diputados del GPPAN sostuvieron que el Gobierno viola la Constitución al integrar visiones de negocios en temas de política pública y destino final de residuos sólidos.
 
“A ese debate vamos después en una segunda etapa, pero queremos la solución más benéfica parta la Ciudad, pero en violar la Constitución para darle beneficios a particular, no cuente con nosotros”.