El diputado Pablo Montes de Oca planteó modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México con objeto de fortalecer las Unidades de Control Interno en cada dependencia y reconocer de esta forma, la figura del ciudadano como elemento para abrir procedimientos de investigación en contra de funcionarios.
De acuerdo al legislador del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, sólo así se revierte un vacío legal sobre quejas por deficiencias en el ejercicio público.
“Por tal motivo, el marco normativo que regula su actuar, debe ser concreto y conciso para evitar lagunas que impidan el funcionamiento de estos órganos de control”.
Añadió que hay faltas administrativas graves con indicios de responsabilidad penal, por lo que estas modificaciones, vía una iniciativa, a los artículos 91, 92 y 93 de la citada Ley, buscan erradicar la incertidumbre en los procesos de indagatoria.
Además da seriedad a las quejas ciudadanas para que sean objeto de iniciar investigaciones contra servidores públicos.
“El Libro Segundo sobre las Disposiciones Adjetivas de la Investigación y Calificación de las Faltas Graves o no Graves, habla sobre el inicio de las investigaciones, pero ésta omite mencionar a las quejas como una figura que pueda iniciar los procedimientos de faltas administrativas a pesar de que posteriormente las vuelve a mencionar.
La iniciativa del diputado tiene la intensión de ofrecer garantía y certeza jurídica adecuada a la administración de justicia.
Con esta nueva ley, se detallan los procedimientos para levantar quejas y denuncias en las Contralorías Internas, concretando las faltas administrativas graves y no graves.
El instrumento legislativo expone que los órganos internos de control están dentro de las estructuras de cada ente público, esto, con la finalidad de prevenir e iniciar sanciones que pudieran presuponer faltas administrativas, así como dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos y desestimar posibles actos de conflicto de interés.
También funcionan para atender quejas y denuncias ciudadanas por posibles faltas administrativas. Por ello, su finalidad es importante y el marco regulatorio para su actuar debe ser concreto y conciso para evitar lagunas que impidan el funcionamiento de estos órganos internos de control.