- Dado que la SFP ya exoneró a Bartlett de su riqueza inmobiliaria, no tiene sentido acudir a esa instancia y queda como única opción el auditor Colmenares.
- La ASF es la única esperanza de combate a la corrupción de los operadores financiaros de la 4T que han lucrando con la pandemia.
Por la reducida institucionalidad y agotada credibilidad en la secretaria Irma Eréndira Sandoval, diputados del PAN formalizaron una denuncia ante la Auditoría federal y sea ese órgano quien atraiga, persiga, investigue y desintegre los nexos palpables de corrupción entre las empresas de la familia Bartlett y la 4T.
“Acudimos a la Auditoría Superior para que actúe, audite y supervise las adquisiciones, evitado más pérdidas humanas, mismas que se traducen en fortunas económicas para los allegados de la 4T y del presidente López Obrador”.
De acuerdo a la querella interpuesta por los diputados locales Federico Döring y Héctor Barrera, así como por el diputado federal Luis Mendoza Acevedo, existen indicios para presumir que distintos entes del Gobierno federal, entre ellos el IMSS y el ISSSTE, beneficiaron al empresario Manuel Bartlett junior, a través una compra millonaria de ventiladores para pacientes de coronavirus.
“Lo cual configura un posible conflicto de interés hacia Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, quien gracias a su cargo en el gabinete de Andrés Manuel, benefició bajo plena consciencia a la empresa de su hijo”.
A dicha hipótesis llegaron los legisladores de Acción Nacional, quienes decidieron acudir a la ASF, instancia a cargo del auditor David Colmenares Páramo, con objeto de tener una fiscalización exacta, estricta y objetiva en contra de Zoé Robledo y de Manuel Bartlett papá, y demás autoridades que resulten involucradas.
“No vemos condiciones de mantener el caso en manos de la secretaria de la Función Pública, quien ha sido omisa de ejercer mano dura en contra de su compañero de gabinete y amigo personal del presidente de la República”.
La denuncia señala que de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, con base en el dictamen técnico jurídico que emitan las áreas competentes, puede autorizar la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del IMSS y otras áreas de salud involucradas.
“En particular, a lo relativo a la celebración de los contratos asignados por medio de los procedimientos por adjudicación directa detallados en la presente denuncia”.
Además, se solicita a las entidades fiscalizadas antes referidas, proporcionen la información que la Auditoría Superior de la Federación les solicite, para el adecuado desahogo del proceso de revisión y una vez concluida, se promuevan las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de responsabilidades.
Döring, Barrera y Mendoza coincidieron en señalar que las sanciones van desde administrativas, penales y políticas, esto, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación aplicable.
“Apelamos por una indagatoria sin conspiración hacia terceros, pero si actuando con la legalidad que tanto reclama una sociedad lastimada por los excesos de funcionarios que han hecho tropezar el avance del país con sus errores al cobijo del Movimiento de Regeneración Nacional”.