Las diputadas Gabriela Salido Magos y América Rangel Lorenzana lamentaron el voto en contra emitido por las comisiones dictaminadoras para rechazar la iniciativa que regula las manifestaciones y marchas en la Capital, toda vez que con esta regulación se busca armonizar tanto el derecho a la libre tránsito como el de manifestación.

La diputada América Rangel y promovente de esta iniciativa, afirmó que con este dictamen en contra, los diputados de MORENA y sus aliados promueven la regresividad en los derechos de las y los habitantes en la CDMX, ya que sólo se busca armonizar derechos sin criminalizar o callar voces.

Al defender su propuesta durante la reunión de las comisiones unidas de Movilidad y Aprovechamiento del Espacio Público, la panista argumentó que hay más de 10 mil firmas respaldando su propuesta, y respaldan el llamado social a una ciudad con libertad de tránsito.   

“El PAN siempre ha buscado el derecho a la movilidad en la Ciudad, la cual se ve afectada por marchas que en su mayoría son por temas que no incumben a la Capital, por lo que buscamos con la iniciativa que se regule la libertad de tránsito y la libertad de expresión”.

Recordó que hoy en día no hay una ley que regule las marchas, sin embargo y a pesar de los esfuerzos de la jefa de Gobierno por contenerlas, los resultados han sido deficientes. “Los protocolos no son ley, no regulan, no te dan un derecho o una sanción. Ese es el gran tema”.

Dijo que,  las protestas en CDMX no son por temas únicos de la capital, si no también de otros estados y que afectan a los habitantes de la ciudad

“No estamos en la búsqueda de callar voces ni de coartar el derecho a la libertad de expresión, estamos ante una mala dictaminaciónm ya que esta iniciativa tiene como fin armonizar el texto constitucional”.

Agregó que su fracción en esta Legislatura ha trabajado por una sociedad más segura a través de una regulación que permita a la ciudadanía vivir en una armonía y una mejor calidad de vida para cada habitante.

Informó que en la capital hay 27 manifestaciones diarias y 10 mil anuales. La iniciativa plantea una obligatoriedad para hacer valer los derechos adquiridos en la Constitución y dejar plasmado a través de una ley, las políticas públicas que tendrán que adoptar los funcionarios que integran la administración pública local durante las marchas.