- Debemos combatir frontalmente la impunidad de servidores públicos: Dip. Diego Garrido.
- La malversación de recursos y deuda pública, se trata de desfalco y merece cárcel.
- Se busca que no sean absueltos servidores públicos que cometan delitos por el simple paso del tiempo.
El diputado Diego Garrido López propuso hoy una iniciativa de reformas al Código Penal local para aumentar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción donde estén involucrados servidores públicos, ya que el desvío de recursos o la falta a sus obligaciones genera un daño directo a las instituciones y al erario público.
Con aumentar el plazo a un tercio para que el ciudadano denuncie delitos relacionados con hechos de corrupción y malversación de recursos públicos, es posible coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y combatir la impunidad, pues cada vez es más común ver cómo robar millones y millones del erario público..
Así lo expuso este martes el diputado local Diego Garrido, quien propuso reformas al artículo 107 del Código Penal local.
“Hechos de corrupción quebrantan el patrimonio del Estado y restringe la posibilidad gubernamental de implementar acciones y recursos en favor del desarrollo social, por ello, existe la necesidad de sancionar con una pena correspondiente al daño causado por el actuar delictivo”.
El secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia precisó que hoy en día los sistemas penal y administrativo, se han vuelto ineficientes para combatir la corrupción tanto por la impunidad genérica como por las debilidades en la construcción de las investigaciones.
Es por ello, que se debe considerar la existencia de otras herramientas que el sistema jurídico pueda proporcionar para combatir este flagelo por medio de sanciones efectivas en contra de conductas perjudiciales a la función pública.
Garrido López dijo que los delitos cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones, conllevan a una desigualdad social imperceptible que genera daños directos a las oportunidades de desarrollo.
“No daña únicamente el patrimonio del erario público, sino también produce una afectación a la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas; además con el detrimento patrimonial impide el cumplimiento de los objetivos del Estado en favor de la sociedad”.
Se busca que por el simple paso del tiempo no sean absueltos servidores públicos que cometan delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros.