- La iniciativa da cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución CDMX.
A fin de coadyuvar con la autoridad en castigar más fuerte a extorsionadores, quienes torturan psicológicamente o incendian inmuebles en la capital, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo propuso aumentar la pena hasta en 15 años de cárcel, con la agravante cuando se cometa a adultos mayores o se tenga vínculo familiar con la víctima.
“Sufra un incremento la penalidad por el delito de extorsión en donde la penalidad sea hasta de 15 años de prisión, además de que cuando sea este ilícito en contra de una persona adulta o mayor de 60 años, también se sancione de una manera ejemplar”.
A través de una iniciativa, el legislador del GPPAN expuso que este Congreso tiene la facultad de mitigar los efectos de esta práctica, la cual se ha vuelto recurrente para delinquir y amedrentar a las familias de la Ciudad.
El documento presentado este martes ante el Pleno, consiste en modificar la fracción 4, al artículo 236 del Código Penal local.
La iniciativa, responde a una demanda social que prioriza a la población de adultos mayores, que representan a un sector vulnerable a ser amenazados. “Por lo que quién se dedica a transgredir la tranquilidad de las y los adultos mayores requiere ser apercibido con una penalidad mayor”.
“Los adultos mayores sabemos que son personas vulnerables que son personas que la delincuencia se aprovecha para poderlo extorsionar y exigirles cantidades de recursos”.
Barrera Marmolejo subrayó que si bien la denuncia por extorsión aumentó en 81 por ciento en 2019 en la Ciudad.
El delito de extorsión conforme a los estudios y estadísticas expuestas por el Consejo Ciudadano para la Justicia CDMX, denuncian que durante 2019 se registraron 27 mil reportes o denuncias.
La primera, establece el Punto de Acuerdo, está relacionado a 6 versiones de este tipo de delitos, en el que es frecuente el uso de telefonía y contactan a las víctimas para notificarle supuestos premios, secuestro virtual de un familiar o alguna detención.
El segundo, implica la presencia física del delincuente en el establecimiento o domicilio particular para amenazar al propietario o al personal que ahí labora, como incendios a locales y actos violentos.