- La Corte ha desechado este tipo de reformas por estar mal construidas y violentan autonomía.
- Se trata de una maniobra política nunca antes vista en la vida de ningún Congreso.
El GPPAN manifestó su voto en contra del dictamen sobre el artículo 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción CDMX, tras señalar que se trata de reformas viciadas de origen con márgenes de inconstitucionalidad en detrimento de la autonomía e independencia de un órgano como es el Tribunal Electoral, al tratar de imponerle una designación.
Los diputados Diego Garrido López y Federico Döring Casar, recordaron que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado la inconstitucionalidad de este tipo de proyectos de reforma, que no tienen solidez ni argumentos base para entrometerse en la vida interna de los órganos autónomos.
“Lo que estamos haciendo ahorita es dotar a otro órgano de facultades de intervención, vulnerando la autonomía e independencia del Tribunal, los diputados de Acción Nacional advertimos que se le están imponiendo plazos al Tribunal”, dijo el diputado Diego Garrido López.
Agregó que se trata de una “camisa de fuerza” y se le quiere imponer nombres al Pleno del Tribunal y todo ello violenta la Constitución, situación identificada a tiempo y por tal motivo, el PAN votó en contra desde Comisiones.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Federico Döring, indicó que es un despropósito el dictamen en lo político y arrastra la situación actual del Congreso local, el cual tampoco tendría autoridad moral para opinar porque no hay un Contralor formalmente designado.
De hacerse bien este dictamen, señaló el panista, se debería hacer una reforma a la Constitución local. “En ningún Congreso se ha escuchado esta ‘maroma legislativa’ de que sea el nuevo Sistema Local Anticorrupción el que designe, ante la falta de un acuerdo, un organismo constitucional autónomo”.
Refutó que esto es una intromisión de MORENA en la vida interna del Tribunal Electoral y el dictamen no tiene ninguna consistencia y lo más peligroso, es que es un precedente en donde se pueden desprender nuevas acciones legislativas que violenten la vida interna de organismos constitucionales y autónomos.