• Proponen hasta con 5 años de prisión, la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años a quien lucre o se aproveche de los servicios médicos, aplica también para la vacuna Covid-19.
• Hay funcionarios y militantes de MORENA que han aprovechado la pandemia para sacar ventaja, advierte.

El diputado Christian Von Roehrich va por romper la cadena de abusos políticos desde la esfera de poder, en donde funcionarios lucran, utilizan, se aplican y hasta regalan la vacuna Covid19, brincándose esquemas preestablecidos. 

Este martes, el legislador presentó una iniciativa de reformas al Código Penal local, para imponer de uno a cinco años de cárcel a quien, aprovechando su cargo obtenga para sí, un familiar o tercero cercano a él, beneficios indebidos consistente en atención médica, hospitalaria, insumo médico o en este caso, la vacuna contra el coronavirus.

Ante el Pleno, el vicecoordinador argumentó que estos beneficios no son patrimonio de nadie y mucho menos, cuando hay razones de emergencia o con base en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto.

Además de la pena de prisión, al servidor público se le podrá imponer la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el ámbito público.  

“Se han registrado actos detestables en que los servidores públicos aprovechan su cargo para vacunarse o a sus familiares por encima del bienestar general. Si de por sí, ya el avance de la aplicación de la vacuna es lento, con la corrupción se hace mucho peor”.

Von Roehrich abundó que en el contexto de Covid-19, López Obrador no deja de manipular a la población con la vacuna, siendo que México atraviesa la situación más delicada que haya vivido la humanidad en los últimos años.

Agregó que hay funcionarios y militantes de MORENA que han aprovechado la pandemia para sacar ventaja a pesar de la promesa de erradicar este tipo de conductas.

Recordó el caso del director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, quien registró a su familia para recibir la vacuna COVID-19, a pesar de no estar dentro del grupo prioritario.

“Pero la única sanción fue separarlo de su cargo e iniciarle una investigación, pero dadas las circunstancias de la pandemia, se trata de una política criminal, donde como servidor público, no debe mantener su cédula y debió ser acreedor a un castigo penal”. 

El legislador del GPPAN concluyó al señalar que adicionando el artículo 261 Bis del Código Penal CDMX, habría más justicia para la población que necesita de la vacuna para inmunizarse del virus, salir a trabajar y darle bienestar a las familias.