• En la querella exponen dos casos simbólicos del desvió de recursos desde la Alcaldía para denostar labor legislativa de diputados de oposición.
• De acuerdo al Código Penal, los delitos imputados merecen de entre uno a seis años de cárcel.  

Diputados locales del PAN presentaron este lunes una denuncia penal en contra del alcalde Víctor Hugo Romo Guerra y servidores públicos que resulten involucrados, por el uso político del programa ‘La Empleadora’, promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y detección partidista en la demarcación.

La querella fue interpuesta por el diputado Jorge Triana Tena, y respaldada por el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel Lorenzana y Gabriela Salido Magos. 

En el documento se describe la forma de operación política que ha emprendido el alcalde usando a beneficiarios de este programa para fines y tareas distintas a las establecidas en sus reglas de operación. Los beneficiarios han tenido que repartir un ‘panfleto’ como parte de una campaña de denostación en contra del PAN y de la actividad legislativa del Coordinador de los diputados locales, Mauricio Tabe, como se constata en un video como parte de las pruebas. 

Acusaron también que recientemente, la alcaldía  lanzó a sus beneficiarios a las calles para encuestar, tocar puertas y hacer detección política, con un formato donde se obtiene información personal y de tipo electoral, lo que acredita posibles delitos electorales y de violencia política.

Estas actividades en las que se ha coaccionado a los beneficiarios se agravan, ya que se les expone a ser víctimas de contagio en un momento muy delicado en donde el COVID19 ha repuntado en la ciudad. Estas encuestas de detección partidista, representan ejercicios que sesgan la libertad de sufragio, restringen la libre participación política, y afectan el desempeño del cargo de la figura de alcalde, pues su función no es levantar encuestas de corte político y/o electoral. 

“En numerosas ocasiones ya hemos acreditado el uso político de este programa, basta que se utilice y que se asigne en función de amigos, clientelas o relaciones políticas, el programa tiene que ser asignado a quienes más lo necesitan”, expuso el panista Mauricio Tabe al tiempo de sostener que los beneficiarios no deben ser instrumento de los caprichos de los gobernantes.

En su momento, el diputado Jorge Triana, al exterior de la Fiscalía local, dijo que los empleados y beneficiarios de la Alcaldía no deben ser enviados para encuestar  sobre si es o no popular el alcalde, o si tiene posibilidades de reelegirse.

“Eso es pervertir completamente un programa social que tiene un fin noble y adecuado, no es la primera vez que nos enfrentamos a algo parecido, se han presentado ya varias denuncias”.

Por su parte, la diputada Gabriela Salido Magos dijo que durante muchos años los políticos han lucrado con la necesidad de la gente y los programas sociales  tienen la función de disminuir la desigualdad. “No para convertir a la gente en parte de una estructura de operación política, son un derecho para los ciudadanos y no se deben utilizar”.

Para la panista América Rangel, es muy importante que los recursos se transparenten, que beneficien a los que más lo necesitan. “Estamos a favor de que “La Empleadora” sea para quienes más lo necesitan, transparentemos estos recursos e incluso debemos pedir más para que más miguelhidalguenses se puedan beneficiar”. 

Los legisladores del PAN aseguraron que se mantendrán atentos al curso de esta investigación penal y demandaron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX dar resultados, toda vez que fue presentada hace unos meses ante la Contraloría una queja por estos hechos sin que a la fecha se conozcan mayores avances.

“Advertimos desde este momento, que se avecina una elección de Estado en la Miguel Hidalgo y no lo vamos a permitir”, puntualizaron.

Los legisladores del PAN condenaron enérgicamente que la política social en la Alcaldía MH  esté utilizándose con fines electorales, cuando en un momento económico tan crítico para miles de familias debería ser un alivio. Es inaceptable que los programas se usen para el capricho político del alcalde y no para el bien de la gente, advirtieron.