Respecto de la iniciativa enviada por la Jefatura de Gobierno para reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la diputada Gabriela Salido señaló la coincidencia en la necesidad de realizar ajustes al presupuesto atendiendo a la crisis que enfrentan las familias derivado de la contingencia provocada por el COVID 19.
Sin embargo, señaló que dichos ajustes deben hacerse “como marca la Constitución Local y las leyes, con la opinión de las y los representantes y no desde un escritorio discrecionalmente.”
Asimismo agregó que en la Ciudad de México el gobierno está obligado a tomar decisiones democráticas en donde se protejan y garanticen los derechos de los ciudadanos respetando los balances en cuanto a facultades de cada uno de los tres poderes.
Destacó estar atenta del momento en que se dé cuenta al Pleno de la recepción de la iniciativa, ya que a través de la misma, la Jefa de Gobierno pretende decidir desde su oficina y sin contrapesos los ajustes del presupuesto de la Ciudad, lo que se traduce en concentrar desde el ejecutivo local la facultad discrecional de ajustes al presupuesto sin siquiera solicitar -como lo mandata la ley- la opinión de las diputadas y los diputados del Congreso como representantes de todas y todos los ciudadanos.
Lo anterior envía un mensaje de manejo a discreción de los ajustes al presupuesto de espalda a la ciudadanía. “Vigilaremos que se respeten los 10 días posteriores que tendrá la ciudadanía como su derecho para opinar, para así seguir el proceso legislativo y debatir los términos.”
Recordó también que el Congreso de la Ciudad de México ahora cuenta con la posibilidad de realizar sesiones remotas, y no es explicable tratar de dejar a un lado al Congreso y convertirlo en una ventanilla del gobierno o su banca personal, y así impedirle el ejercicio de una de sus facultades constitucionales y legales en la distribución del presupuesto de la Ciudad.
“Por muchos años se luchó por una Reforma Política en la #CDMX y ésta iniciativa -a todas luces inconstitucional- puede atentar contra la autonomía presupuestaria de las alcaldías y pretende modificar el ejercicio del presupuesto de manera autoritaria.”
Mencionó también que la iniciativa presentada por parte de la Jefa de Gobierno, “muestra una ruta equivocada, toda vez que si se hubiera presentado en el momento preciso de la actual pandemia, con las formalidades legales y con los contrapesos necesarios, sería más eficiente y eficaz apostar a la reforma de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”.
Asimismo, adujo que “todo pareciera ser una estrategia encaminada al manejo discrecional para el próximo periodo electoral, estos tiempos lamentablemente están siendo utilizados por algunos para realizar actos autoritarios, e impulsar intereses propios”.
Concluyó la legisladora destacando su preocupación sobre la manera tan vaga en que se plantean los términos de emergencia sanitaria o desastres naturales, es decir, no se menciona en la redacción de la iniciativa la declaratoria formal de las mismas, lo que abre la puerta para que el Gobierno se comporte de manera absolutista en cualquier momento eliminando la facultad que tiene el Congreso de emitir su opinión respecto de los posibles ajustes que se lleguen a realizar en el presupuesto anual asignado a cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad. A todas luces se observa una concentración de poder y va en contra por lo estipulado en la Constitución Local.
En cualquier gobierno demócrata, no sólo se deben de respetar las facultades de cada poder y sus funciones, sino que se debe velar por cuidar los equilibrios entre cada uno, para que de esta forma se tomen decisiones justas y válidas para la ciudad, salvaguardando el interés social y público en todo momento.