- Esto legaliza el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno.
- Usan la pandemia para seguir violentando la ley y la Constitución local.
- El PAN rechaza el “madruguete” y se pronuncia a favor de la ley y el respeto a los órganos autónomos.
Las modificaciones al Presupuesto 2020 enviadas por la Jefa de Gobierno, tiene un fondo político que busca dar un “manotazo” al Tribunal Electoral por impugnar una imposición del Gobierno de la Ciudad para concretar la trasferencia de recursos públicos a las arcas capitalinas por sólo 7 millones de pesos; equivalente al .003 por ciento del Presupuesto de la Ciudad, con esto, ironizó: “vamos a salvar la vida de mucha gente”.
“Es darle un manotazo al Tribunal por impugnar una decisión unilateral de la jefa de Gobierno en la que solicitaba se recorten Presupuesto y en la que arbitrariamente, Finanzas no asignó recursos que por ley estaba obligado”.
El coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe señaló que la Sesión Extraordinaria efectuada el día de hoy para avalar en 'fast track' este dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, busca legalizar el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno.
“Estamos cumpliendo un capricho del Gobierno para darle este manotazo al Tribunal y legalizar un acto indebido”.
Lamentó que el Gobierno y MORENA se escuden en la pandemia utilizando el argumento de salvar vidas para violar la ley y la Constitución local. “No estamos cumpliendo con los 10 días, no estamos respetando la autonomía del Tribunal, se utiliza la emergencia para violar la ley, estamos sentando un pésimo precedente en la vida parlamentaria”.
Al hablar en contra del dictamen, la diputada América Rangel dijo que el GPPAN no coincide con el Gobierno en la forma de absorber dinero por todos lados en su intento por atender una pandemia que crece y se descontrola. “Recursos que seguramente serán utilizados para el pago de médicos cubanos, un gasto tan oneroso y más caro que un seguro de gastos médicos mayores.
La postura de Acción Nacional fue clara este jueves. “Este madruguete es un nuevo auto regalo de Navidad, cortesía de la presión hacia los órganos constitucionales y por vía de la ilegalidad procesal parlamentaria”.
Dijo que el dictamen presentado, es sólo uno de tantos ejemplos del auto sometimiento de este órgano a los designios de la gobernante en turno. Añadió que este dictamen es un “festival de ilegalidades”, ya que deriva de una sesión de Comisión citada fuera de los plazos legales establecidos y en una verdadera pirueta legislativa digna de un espectáculo.
“Ese talante y esa urgencia por instruir a este Congreso que sesione el día de hoy es el que hubiésemos preferido, cuando la Jefa de Gobierno decidió regalar para 2019 y 2020 el Fondo de Capitalidad, traducido en 9 mil millones de pesos que hoy tanta falta hace en hospitales y ambulancias”
Al razonar su voto, el diputado Federico Döring, acusó que Sheinbaum no es pareja con los presupuestos públicos de la Ciudad, ya que en una Ciudad que ha perdido ingresos, ella registra gastos superfluos para potencializar su imagen.
Explicó que de los más de 396 millones de pesos, si se suman las reducciones al Consejo de la Judicatura, a la Junta Local de Conciliación y al Tribual Electoral, esas tres unidades de gasto juntas no suman ni siquiera los más 47 millones de pesos que la jefa de Gobierno se gastó en el Segundo Informe en spots.
“Hay si hubo bonanza financiera y no hubo austeridad, para eso no hubo covid, para su promoción personal en medios de comunicación y en redes sociales sí le sobró dinero y llegó a 400 millones de pesos el gasto, más de lo que hoy día se recorta a todos los organismos constitucionales autónomos”.
Cabe destacar que el diputado Diego Garrido López presentó una Moción Suspensiva a la discusión del dictamen, al considerar que debe regresar a comisiones y darse estricto cumplimiento al procedimiento legislativo descrito en el Reglamento del Congreso.
Además, de garantizarse el derecho de la ciudadanía a proponer modificaciones en el plazo de diez días hábiles; derecho reconocido por la Constitución local.
“El proceso de dictamen violentó la soberanía popular ejercida por figuras de democracia participativa, al violar el derecho de los ciudadanos de proponer modificaciones, no respetar el periodo para la recepción de propuestas pues, entre la fecha de publicación de la iniciativa materia del dictamen y la presentación del proyecto de dictamen, apenas se computan 3 días hábiles, contrario al Reglamento”, describe el documento.