- Diputado exige a la Jefa de Gobierno no permitir la militarización inconstitucional ni dejar sin contrapesos a la seguridad ciudadana.
- Se busca la conformación de un Observatorio de Seguimiento, Evaluación y Fiscalización de la actuación de las Fuerzas Armadas en CDMX.
Para el diputado local, Federico Döring, la 4T siguió los pasos de una política de gobierno creada por el ex presidente Felipe Calderón, continuada por Peña, y ahora institucionalizada por López Obrador.
“Militarizar al país es un decreto que acerca a AMLO más a Pinochet y lo aleja de Salvador Allende, de quien se ha referido como el mejor presidente de América Latina”.
El legislador del GPPAN subrayó que el presidente Andrés Manuel ha dado el primer paso para la militarización de la vida pública en México, creando un Estado de excepción, un régimen autoritario e instituciones sin contrapesos.
Döring recordó que Obrador en campaña dijo que su propuesta era regresar al Ejército a los cuarteles y sólo los civiles se hicieran cargo de la seguridad pública. “Bajo esa premisa se creó la Guardia Nacional, con el aval también de la oposición”.
El decreto de AMLO para militarizar la seguridad ciudadana es inconstitucional, pues va en sentido contrario a lo que aprobó el órgano reformador de la Constitución en marzo del año pasado, cuando se estableció en el artículo 21 de la norma suprema.
El decreto pretende fundarse en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019, que creó la Guardia Nacional. Pero ese artículo establecía que la participación de las Fuerzas Armadas sería de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Por lo que hace a la regulación y fiscalización, el decreto no señala la manera en que esto se hará, y sólo establece la supervisión del órgano interno de control que corresponda (OIC); pero los OIC’s, a cargo de la Función Pública, ”no han demostrado imparcialidad en su investigaciones, como sucedió con la investigación de las casas de Bartlett; por lo que la actuación de las fuerzas armadas, en términos del decreto, es un cheque en blanco para la violación de derechos humanos y la corrupción”.
“Proponemos que la Jefa de Gobierno firme un convenio de coordinación con el Gobierno federal a través del cual se establezcan límites y se fiscalice la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en la CDMX”
El panista dijo que este convenio debe establecer la coordinación permanente en la toma de decisiones y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la entrega de un informe mensual al Congreso local sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la capital.
Así como la conformación de un observatorio de seguimiento, evaluación y fiscalización de la actuación de las fuerzas armadas en el que participarían: el Secretario de Seguridad Ciudadana, la presidenta de la CDH CDMX, diputados integrantes de las comisiones de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y ciudadanos que participen en la sociedad civil organizada.
“De manera mañosa Obrador pretendió que los capitalinos no se enteraran de su decreto por el que militariza la seguridad pública, por eso lo publicó el mismo día que la SCJN invalidó la reforma constitucional de Baja California por la que se incrementaba de dos a cinco años el periodo del actual Gobernador, Jaime Bonilla”.