- No podemos ser cómplices de esta violación a la Constitución ni tampoco vamos a modificarla para hacer regresivos los derechos.
- Morena no debe usar a los adultos mayores en periodo electoral y darles la espalda una vez que han llegado al gobierno.
A fin de restituir un derecho consagrado en la Constitución a los Adultos Mayores en la CDMX, el Coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe promovió este martes una iniciativa que busca crear un nuevo Programa de Pensión Alimentaria y garantizar recursos al Gobierno local para otorgarlo a toda persona en una edad de 60 años en adelante, sin discriminación ni limitantes.
“Con la centralización del programa se ha mermado el ingreso mensual de los adultos mayores, que además hoy enfrentan los problemas de operación de un programa improvisado que los ha dejado sin tarjetas o sin depósitos, se están violando sus derechos”, dijo Mauricio Tabe, líder de la bancada de Acción Nacional.
Explicó que luego de la centralización del programa de Adultos Mayores, en la Ciudad de México este sector recibe menos dinero, ya que antes de que entrara esta administración, recibían al mes mil 209 pesos por el GCDMX y adicionalmente, 580 pesos como apoyo federal del Programa 65 y más.
“Hoy reciben menos recursos de los que recibían antes, sólo se les entregan mil 275 pesos al mes, si es que lo reciben, además de que hemos conocido testimonios que dicen que no han recibido todavía el apoyo que ya recibían con regularidad”.
Por ello, Tabe propuso modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores CDMX, para brindar la asignación adecuada y entrega de una nueva pensión económica no contributiva, acorde a los estándares en materia de derechos humanos y a partir de los 60 años de edad.
“No solamente estamos incumpliendo el mandato constitucional de garantizar sus derechos, sino que además el Gobierno está violando la Constitución al no cumplir el principio de progresividad de los derechos y lo que proponemos es que el Gobierno diseñe un Fondo y un programa para garantizar la restitución de estos derechos”.
Tras argumentar su iniciativa, añadió que el principal problema de este sector poblacional es la inseguridad económica, ya que al ser jubilados o marginados por el mercado laboral a partir de los 40 años, difícilmente encuentran métodos de ingreso.
La iniciativa señala que el Gobierno de la Ciudad “federalizó” el programa, incumpliendo con su obligación constitucional de garantizar una pensión económica no contributiva de carácter local, transgrediendo con ello el artículo 11 de la Constitución Local. Además, la edad para ser beneficiario se incrementó, pasando de 65 a 68 años
De acuerdo al INEGI en 2016, la esperanza de vida ha crecido en promedio a 75.2 años, lo que obligaría a las personas a preparase desde los 30 años para el retiro laboral, pero esto no sucede.