• Existe omisión y subestimación de autoridades a favor de las mujeres.
• Piden emitir una recomendación en contra de la Jefatura de Gobierno por posibles actos violatorios de DDHH contra personas. 

El diputado local Jorge Triana Tena lamentó que Claudia Sheinbaum haya emprendido una serie de descalificaciones e intente deslegitimar movimientos o causas altruistas que buscan justicia y acabar con la violencia, en este caso, de las mujeres. 

Esto, tras las imputaciones directas hechas por la jefa de Gobierno en contra de personas físicas y morales, sin contar con elementos debidamente fundados y motivados, rebasando la esfera de su competencia respecto a las facultades de investigación de otras autoridades.

“Y realizando juicios indebidamente en contra de los ciudadanos, al señalar que hay un supuesto financiamiento a grupos. Las denuncias mediáticas no pueden convertirse en denuncias de barandilla del Ministerio Público, el artículo noveno constitucional también garantiza la libertad de asociación y manifestación de ideas y no puede ser objeto de ningún tipo de inquisición por parte de la autoridad”. 

Triana apuntó que los hechos de violencia alrededor de los temas de DDHH fue generado por las propias autoridades capitalinas, de la jefa de Gobierno. “Y se abstenga de llevar a cabo este tipo de insinuaciones y acusaciones sin fundamento que ya le costaron su fuente de empleo a Beatriz Gasca Acevedo”.

El Punto de Acuerdo presentado por el panista y que fue aprobado por el pleno del Congreso CDMX, exhorta a la jefa de Gobierno, a apegarse al principio de legalidad, respetar y garantizar el mandato constitucional de la libertad de asociación, reunión y manifestación, y de la libertad de tránsito.”No es delito apoyar causas ni movimientos sociales, aquí las aportaciones son víveres, y con Pío López Obrador fue dinero, pero no pasa nada, porque es el hermano del presidente”. 

Triana, en su Punto de Acuerdo, llama también a la Comisión de Derechos Humanos CDMX, a iniciar una investigación por los posibles actos u omisiones violatorios de derechos humanos cometidos por la actuación irregular de la Jefa de Gobierno y servidores públicos que participaron violentamente en contra de la ciudadanía y emitir la recomendación correspondiente.