GPPAN CDMX A 29 DE ENERO DE 2020

La percepción de seguridad
El Sol de México
Dip. Gabriela Salido Magos

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  • Durante los meses de octubre a diciembre del 2019 se desarrolló por parte de la INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Cabe destacar que, a diferencia de otras encuestas, ésta se enfoca a la medición de percepciones y experiencias sobre la seguridad pública en las zonas urbanas, es decir que este instrumento va más allá del dato duro y hace una medición respecto al entorno en el que vivimos y en el que se desarrolla nuestra familia.

En este documento resalta que, cuando nos referimos a los conflictos y conductas antisociales el 31% de la población de 18 años y más, tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos tres meses.

Estos conflictos y enfrentamientos se producen con mayor frecuencia y sus razones son diversas, sin embargo, los motivos que resaltaron las personas que participaron en este instrumento son:

En primer lugar, el ruido, en segundo lugar, la basura tirada o quemada por vecinos, para continuar con problemas de estacionamiento, problemas relacionados con animales domésticos, chismes o malos entendidos; conflictos en el transporte público, privado y molestias por consumo de alcohol o drogas.

Hay que resaltar que de este documento se desprende que el 73% de los casos fue con vecinos directos no desconocidos. Las malas noticias no paran, no solo tenemos un elevado nivel de conflicto con personas con las que tenemos que tratar y convivir de manera regular, sino que esto ha ido incrementándose respecto a meses anteriores y el 60 por ciento de estos casos tienen consecuencias que pueden ser físicas o materiales.

Aquí es donde debemos cuestionar ¿qué está haciendo la autoridad para mejorar la relación que hay entre vecinos?, ¿cómo está abonando el Estado en la construcción de conflictos o en la generación de condiciones que los atemperen?

Apenas hace unos días unos vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo me compartían como en el proceso de rescate de un espacio público que ha durado años, recientemente la propia autoridad se ha convertido en factor de división empoderando a un grupo específico y garantizar la aprobación de proyectos a los que tradicionalmente la comunidad se ha opuesto.

El impacto y consecuencias de las acciones de las autoridades en la integración del tejido social es altísimo, ¿no deberíamos buscar cuantificar y medir las consecuencias de políticas publicas mal aplicadas o el deterioro de la calidad de vida por falta de concertación o decisiones sesgadas a favor de intereses que pasan por encima del bien común?

La violencia que se lee en redes sociales ¿es consecuencia o pago social por acciones institucionalizadas de desprecio a la comunidad?

Creo que es momento de definir si estamos evaluando correctamente la gestión de gobiernos y funcionarios públicos, así como el impacto de cada acción, todo por el bien de nuestras familias.

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