• Pese a las fichas emitidas por la Interpol para detener Jesús Orta, en la Ciudad de México los esfuerzos por encontrarlo son mínimos.

En la administración de Claudia Sheinbaum hay una cacería despiadada en contra de funcionarios corruptos o ligados al crimen organizado. No hay cabida para la descomposición de la gestión pública, siempre y cuando se trate de personas ajenas a su gobierno.

La regenta de la Ciudad de México es implacable al perseguir a funcionarios de gestiones previas a la suya, no escatima recursos ni esfuerzos para encontrarlos: cateos, fichas rojas emitidas por la Interpol, acoso a familiares. Lo que sea con tal de ejercer una justicia que raya en la cacería de brujas para exorcizar a todo lo que le recuerde a su antecesor.

Sin embargo, esta intolerancia y rechazo despiadado a la corrupción se termina en cuanto se trata de sus allegados, de aquellas personas a quienes pobremente seleccionó para ocupar cargos públicos y ahora son perseguidos por la justicia por su presunta conducta criminal. 

Han pasado 86 días desde que la Fiscalía General de la República giró la orden de aprehensión en contra de Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana, elegido por Claudia Sheinbaum para ese cargo, hoy acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pese a ello, y a las fichas emitidas por la Interpol para detener al exfuncionario, en la Ciudad de México los esfuerzos por encontrarlo son mínimos, si no es que nulos. No hay esa urgencia que se ha visto en otros procedimientos, como aquellos en contra de Raymundo Collins o Luis Serna, ambos funcionarios de la pasada administración de la Ciudad de México.

Para encontrar a ambos exfuncionarios el gobierno de la ciudad no ha escatimado en esfuerzos. Se han ejecutado órdenes de cateo en domicilios de familiares o allegados de los dos, se han asegurado bienes, se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto con tal de dar con ellos.

En contraste, este despliegue no se ha visto para dar con el paradero de Orta. No hay cateos, no hay persecución, no existe la misma coordinación con la federación porque no le interesa que haya resultados, como sí lo hace con los otros casos mencionados. Sólo hay declaraciones sin ningún efecto jurídico. No me malinterpreten, todas las acciones por parte de una autoridad dentro del marco de la ley para aplicar la justicia son válidas, de eso no hay duda. Sin embargo, Sheinbaum aplica este criterio de manera selectiva, y ese uso a modo de las instancias judiciales es lo que todos debemos repudiar.

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, le hice llegar mi pregunta parlamentaria en la que le cuestioné la designación de Orta al frente de la institución encargada de la seguridad, pero pese a las evidencias en su contra y los procedimientos que corren para su aprehensión, Sheinbaum no se arrepiente de su decisión, se mantiene en firme.

“No hay ninguna razón para arrepentirse de la decisión”, me contestó la jefa de Gobierno, dejando ver que no tiene ningún remordimiento por haber cobijado a un presunto criminal hoy prófugo de la justicia y quien, por lo visto, no urge ser localizado.