En marzo de 2018 el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, otorgó la concesión de lo que hoy conocemos como Parque Bicentenario y que antes fuese la refinería 18 de marzo, a una empresa de entretenimiento. Este enorme predio se ubica en el límite entre las Alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
Con una superficie de más de 55 hectáreas, se entregaron para su usufructo cuatro fracciones en particular: un auditorio, el espacio cultural que denominaron “edificio de ladrillo” y dos áreas verdes que representan alrededor del 20 por ciento del total del parque; sin embargo, en los hechos y con el paso del tiempo, el parque ha sido controlado en su totalidad y se ha limitado su uso en algunos espacios a criterio del concesionario.
Por sus dimensiones es el equivalente a 3 veces el zoológico de Chapultepec, 11.7 veces el zócalo capitalino o 78 estadios de futbol, todo esto por un pago aproximado de cien mil pesos al mes, con una actualización anual.
Se trata de una concesión que, en su contenido puede ser cuestionable si revisamos que la falta de claridad en su redacción permite que el concesionario interprete a conveniencia el aprovechamiento de las 55 hectáreas, más allá de las 4 fracciones que constituyen la concesión, adiciona de manera intermitente y a capricho, el estacionamiento, áreas de alimentos y baños, los cuales no permiten el disfrute gratuito por parte de los usuarios habituales (vecinos de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco en su mayoría)
Esta concesión con vigencia de 25 años, establece que no podrá excederse de 10 eventos al año, además de recaer en el concesionario la responsabilidad de conservar y dar mantenimiento al parque y que el deterioro diferente al provocado por el uso natural será exigible por la vía jurídica.
Como dato adicional, quien fuera el Director de Administración de Parques Ecológicos y Viveros (de acuerdo a respuesta de transparencia de la SEMARNAT), era el responsable de este mismo parque ecológico en el sexenio pasado y hoy en día es quien, a decir de los usuarios, se ostenta como responsable por parte de la concesionaria, hecho que se encuentra documentado a través de diferentes medios electrónicos.
Recientemente, se ha denunciado la tala “hormiga” de los árboles que se encontraban al interior para facilitar las maniobras y desarrollo de los eventos del concesionario, así como la instalación de carpas y estructuras que han dañado irreversiblemente las áreas verdes de este espacio, en lugar de conservarlo para incrementar los servicios ambientales que tanta falta le hacen a la Ciudad, esto sin intervención de las diferentes autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y la propia Alcaldía Miguel Hidalgo, esta última además incumpliendo lo establecido en su Programa de Acción Climática. Estas dependencias utilizan, en la mayoría de los casos, el argumento de que se trata de un espacio que es competencia federal.
En este orden de ideas, reconozco y hago votos para que lo dicho por la Secretaria del Medio Ambiente local, el pasado 4 de octubre en el Congreso de la Ciudad, se concrete y solicite a la federación se revisen las condiciones en las que fue concesionado tal espacio, así como el daño que ha sufrido en su infraestructura y en los diferentes elementos arbóreos y que en un futuro pase a ser responsabilidad del gobierno de la ciudad con un trabajo integral de rescate y reforestación, en beneficio del derecho al espacio público y a un medio ambiente sano que tiene la población.
Si se entiende la necesidad de privilegiar la utilidad pública y buscar proteger, preservar, rescatar y restaurar esta área verde podremos otorgarle a los capitalinos el regalo que representa esta zona que contrasta con el acelerado crecimiento del cemento y el asfalto en nuestra querida Ciudad.