•De acuerdo a resultados de investigaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., entre 2018 y 2021, cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos sin competencia.
•En el 2021, el 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas.

Llama la congresista Gabriela Salido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a revisar las compras públicas realizadas por el Gobierno Federal desde 2018 a la fecha; e informar al Congreso de la Ciudad de México los resultados de esta investigación, y en caso de encontrar irregularidades proceda conforme las leyes penales y administrativas contra quienes resulten responsables.

La propuesta que será presentada, por la panista, ante el pleno de este órgano legislativo, atiende a las cifras presentadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en las que se señala, por mencionar solo algunas, que tan solo en 2021 de $4,822,407,023,021 pesos, que se aprobaron para el Presupuesto de Egresos de ese año, el gasto en compras públicas asciende $473 mil 391 millones de pesos, lo cual representa  únicamente al 10% del Presupuesto de Egresos aprobado, lo que equivale a comprar 160 aviones presidenciales. 

Adicionalmente a estas cifras, el IMCO expone que las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasmas, sancionadas y de reciente creación; y que el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.

Cabe señalar, que los datos no son mejores en el caso de instituciones como Liconsa, Banco del Bienestar e INSABI, donde las adjudicaciones directas, la falta de documentación que soporten y brinden información sobre las asignaciones de recursos son la constante. 

“Desde que entró en funciones el gobierno en turno, autodenominado como la cuarta transformación, ha tomado como estandarte de su causa el fin de la corrupción, aludiendo que las cosas han cambiado y que ya no son como antes”, afirmó la legisladora. 

Sin duda, agregó, “el discurso resulta seductor para ciudadanía, y es que ¿Quién no quiere un gobierno que ejerza de manera cabal el derecho a la buena administración y que gasta de manera eficiente los recursos públicos en beneficio de la población?”.

Sin embargo, en su opinión, poco tardó este discurso en convertirse en una mera perorata falaz, ante el gasto del recurso público en proyectos que poco resultan prioritarios para la nación, como lo son el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles, que a lo único que han contribuido es al estancamiento económico del país y un daño irreversible al erario público. 

En este sentido, ante el alto el riesgo de corrupción en las compras realizadas por las diferentes instituciones públicas del Gobierno Federal, se hace indispensable contar con una investigación a fondo, “que pruebe que por más discursos matutinos en los que se expongan supuestas buenas intenciones, la realidad golpea una y otra vez a esa supuesta mal llamada Esperanza de México”.
 
“Lo único que refleja es la opacidad con la que se gasta el dinero público, en tiempos en los que, en un gobierno sensato con verdadera vocación de servicio, cuidaría que la inversión de cada peso se hiciera de la mejor manera en verdadero beneficio de todos y todas”, concluyó.